El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó nuevamente al Gobierno nacional por el cumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley 27.795 y le otorgó un plazo de cinco días para hacer efectivo lo dispuesto.
La resolución establece que el Ejecutivo debe avanzar con los artículos 5 y 6 de la norma, al considerar que la medida cautelar vigente aún no había sido cumplida en su totalidad.
El incumplimiento dentro del plazo fijado podría derivar en la aplicación de sanciones económicas por cada día de demora.
El artículo 5 contempla la actualización de los salarios de docentes y nodocentes universitarios, mientras que el artículo 6 establece la actualización de las becas estudiantiles.
La nueva intimación se conoció luego de que, a comienzos de septiembre, el magistrado rechazara un pedido para levantar la medida cautelar y solicitara al Gobierno información sobre el grado de cumplimiento de la resolución.
La decisión judicial se produjo en medio del conflicto que mantienen trabajadores y estudiantes universitarios por la recomposición salarial, la actualización de las becas y mayores recursos para las universidades públicas.
En ese marco, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales llevó adelante jornadas de cese de actividades y confirmó una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre.
El conflicto salarial también tuvo una instancia de negociación sin acuerdo entre el Gobierno y los sectores docentes y nodocentes.
En ese encuentro, realizado en el Palacio Pizzurno, el Ejecutivo mantuvo una propuesta de aumento del 3%, que ya había sido rechazada por las organizaciones sindicales.
A la discusión por salarios y becas se suma el debate por el Presupuesto 2027.
Según el texto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, el proyecto contempla $7,3 billones para el sostenimiento de las universidades públicas, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado $11 billones.
De esta manera, el reclamo por el financiamiento universitario continúa atravesado por la situación salarial, las becas estudiantiles, los recursos destinados a las universidades y el cumplimiento de la medida cautelar vinculada con la Ley 27.795.
Prensa UNLu