El juez Santiago Bignone rechazó un hábeas corpus colectivo presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación en representación de 326 personas detenidas que fueron trasladadas desde la cárcel de Villa Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz.
El reclamo cuestionaba que los traslados se hubieran realizado sin informar previamente a las defensas y a los juzgados intervinientes sobre los lugares de destino.
También advertía sobre posibles dificultades para continuar los estudios universitarios y sobre las consecuencias que el cambio de establecimiento podía tener para quienes contaban con salidas transitorias.
Sin embargo, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 60 consideró que no se había demostrado un perjuicio colectivo concreto ni un riesgo inminente de empeoramiento ilegítimo de las condiciones de detención.
La resolución coincidió con la postura del fiscal Pablo Recchini, quien sostuvo que el traslado masivo estaba relacionado con el cierre definitivo del penal de Devoto y que el cambio de alojamiento no implicaba, por sí mismo, un agravamiento de las condiciones de detención.
Qué resolvió sobre los estudios y las salidas transitoriasEn relación con la continuidad educativa, el magistrado tuvo en cuenta los informes del Servicio Penitenciario Federal y de las autoridades universitarias sobre las medidas previstas para que los detenidos pudieran continuar sus carreras en el marco del programa UBA XXII.
Entre las alternativas contempladas se encontraba la habilitación de espacios en el complejo penitenciario de Ezeiza, con una modalidad híbrida.Sobre las salidas transitorias, señaló que las situaciones debían analizarse de manera individual por los jueces de ejecución u otras autoridades judiciales competentes.
Además, rechazó el planteo particular presentado en favor de Ricardo Castro Madrid, mientras que declaró abstracto el reclamo de Guillermo Antonio “Concheto” Álvarez, quien había sido trasladado a Marcos Paz y luego regresó a Devoto por orden judicial.
El juez aclaró que la decisión no impide que las autoridades intervengan ante posibles vulneraciones concretas de derechos durante el proceso de traslado.
Con info fiscales.gob.ar