El ex jefe comunal de Moreno Walter Festa enfrenta un juicio por defraudación al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsedad ideológica. El debate comienza en Mercedes el martes 17 de noviembre. Además el ex intendente enfrenta dos investigaciones adicionales: una por enriquecimiento ilícito en la justicia provincial y otra por lavado de activos en la federal. En estas últimas causas también está mencionada su ex esposa, la ex diputada provincial y ex Gran Hermano Romina Uhrig.
Walter Festa, electo como intendente de Moreno por el Frente para la Victoria en el período 2015-2019, tiene una cita en la justicia penal de la provincia. La misma está planificada para el martes 17 de noviembre de este año. El ex jefe comunal está imputado por los delitos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (desvío de fondos públicos para beneficio propio o de terceros) y falsedad ideológica (en resumen, la confección de documentos públicos “truchos”). Junto a Festa van a juicio cinco personas más.
En resumen, la operatoria de los delitos que le imputan a Festa y los otros acusados, según la investigación realizada por la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, en aquel momento a cargo de la Dra. Gabriela Urrutia y del secretario Dr. Walter Velázquez (hoy en la práctica particular), siguió una práctica lamentablemente usual en la administración pública pero pocas veces denunciada: Contrataban personal que no cumplía funciones en la municipalidad y esos sueldos eran percibidos por un dirigente social para el desarrollo de actividades políticas partidarias.
Según el resumen realizado por la fiscalía en el documento donde solicitó la elevación a juicio, Festa le había ordenado a la empleada del área de recursos humanos de la municipalidad Lucía Alejandra Vázquez que armara un decreto para nombrar a Jorge Alberto Vila como asesor de gabinete en reemplazo de Fernando Sebastián Adorno, quien tuvo alta en abril del 2018. Los decretos de baja y alta (Nº 0723 y Nº 734) fueron confeccionados el 5 de abril del 2019 pero retroactivos al 1º de abril de ese mismo año, lo que constituyó, según la justicia, en una falsedad ideológica. Sostuvo la fiscalía que Vázquez, al igual que Festa, no podían desconocer esta situación.
¿Qué funciones desempeñaba Adorno? ¿Qué funciones iba a desempeñar Vila? Ninguna. Según la pesquisa, el dinero del sueldo tenía destino a Hugo Rubén Ortiz, dirigente del movimiento Octubres de Moreno. Los detectives detectaron que esa misma práctica con Ortiz como receptor final la realizaban con la empleada municipal Gisela Alejandra Hauscarriaga. Tampoco prestaba servicio alguno en la comuna.
¿Había algún tipo de contraprestación? Según el expediente judicial con este dinero Ortiz financiaba movilizaciones en apoyo al entonces intendente Festa, e incluso habían participado de un acto encabezado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la localidad de Merlo. El movimiento Octubres es un espacio político – social con presencia nacional, principalmente en el conurbano bonaerense.
Todo terminó el 10 de abril del 2019 cuando la justicia ordenó una serie de allanamientos en espacios vinculados al movimiento Octubres en Moreno y detuvieron a cuatro personas. Tres de ellas mujeres. El restante fue Hugo Rubén Ortiz. Las fuentes consultadas señalaron que los policías a cargo de la redada secuestraron anotaciones y teléfonos, los cuales fueron peritados. Estos aparatos habrían sido claves para desentrañar la trama delictiva.
Como mencionamos Festa fue imputado por los delitos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsedad ideológica. Lucía Alejandra Vázquez por defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Fernando Sebastián Adorno, Gisela Alejandra Hauscarriaga y Jorge Alberto Vila están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con defraudación a la administración pública en carácter de partícipes necesarios y Hugo Rubén Ortiz llega al juicio sospechado de defraudación a la administración pública.
El debate judicial se realizará el martes 17 de noviembre de este año en la sede del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Mercedes. No trascendió cuántos días tiene asignado el juicio. Ya estarían notificadas todas las partes, incluidos los acusados, sus abogados defensores y los representantes del Ministerio Público Fiscal.
No es el único proceso que enfrenta Festa en la justicia provincial. La UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez del Dr. Leandro Ventricelli lo investiga por enriquecimiento ilícito. En esta causa también es mencionada la ex esposa de Festa, Romina Uhrig. Uhrig cumplió funciones jerárquicas durante la gestión de Festa (estuvo como cabeza de una secretaría y de una subsecretaría), además de ser diputada nacional en el período 2019-2021. En este cargo no presentó proyecto alguno y pese a hacer campaña en el 2017 por la interrupción voluntaria del embarazo, cuando tuvo que votar la iniciativa que finalmente fue aprobada por mayoría, se abstuvo. Pero Uhrig se hizo conocida a nivel nacional a partir de su participación en el reality Gran Hermano, emitido por la señal de Telefe.
La investigación en esta etapa está siendo realizada por peritos contables de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, quienes analizan la situación patrimonial de Festa, de su círculo íntimo y allegados, además de la supuesta existencia de testaferros. No hay avances significativos en los últimos tiempos. Hasta el momento ni Festa ni Uhrig están imputados; son objetos de pesquisa.
De la mano de esta investigación, existe una denuncia que está radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón que comanda el Dr. Jorge Rodríguez. Es por lavado de activos. Aquí interviene también el organismo nacional especializado en lavado de activos. La suerte de este expediente está íntimamente vinculada a lo que ocurra con la demanda por enriquecimiento ilícito en la justicia ordinaria. No se esperan novedades en el corto plazo.